Condenan a la empresa Depósitos Coballes de O Rosal por vulnerar el derecho de libertad sindical de un delegado de la CIG

El Juzgado de lo Social número 5 de Vigo acaba de condenar a la empresa Depósitos Coballes de O Rosal por un delito de vulneración de la libertad sindical de un delegado de la CIG, que ejerce en la actualidad también como presidente del comité de la empresa. En la sentencia se considera probada la existencia de un clima de acoso y represión en el centro de trabajo, que motivó incluso una campaña de movilizaciones de la central, y se fija una indemnización de 3.000 euros para el afectado.

El juez ha resuelto de este modo la demanda de tutela de derecho fundamental presentada por el trabajador a finales del año pasado, tras tiempo soportando el acoso laboral y la persecución por parte de la empresa a raíz de salir elegido miembro del comité y delegado de prevención de riegsos laborales en septiembre de 2020. Junto a él, otros miembros de candidatura de la CIG a las elecciones sindicales fueron sancionados y dos inclusos despedidos, rescisiones de contrato que fueron consideradas improcedentes por la justicia.

Menos de dos meses después de que el trabajador asumiese responsabilidades sindicales, la dirección de Depósitos Coballes inició procedimientos sancionadores contra él, que se suceden hasta entregarle un escrito de advertencia en julio de 2020. En enero de este año, el trabajador recibió un nuevo escrito, después de que el sindicato denunciase a Inspección de Trabajo distintos incumplimientos por parte de la empresa en materia de prevención de riesgos que fueron atendidos por la autoridad laboral, requiriendo que se corrigiesen.

Según denuncian desde la CIG, pese a los intentos de la central de reconducir la situación, la empresa no cesó en su pretensión de eliminar cualquier actividad sindical dentro del centro de trabajo, "provocando co seu acoso que varias persoas que formaban parte do comité abandonaran voluntariamente a representación da CIG, e incluso os seus postos de traballo, por non soportar a presión da empresa, quedando reducida a representación da central a dous representantes activos dos catro que foran elixidos". 

Ambos representantes continúan siendo represaliados hoy, recibiendo amonestaciones injustificadas basadas en la propia actividad sindical y siendo públicamente expuestos por la dirección. "Por iso o presidente do comité tivo que defenderse no xulgado da escalada de sancións que estaba a recibir, coa que buscan provocar o despido disciplinario ou o abandono voluntario", indica el sindicato. 

La CIG celebra que en esta ocasión la sentencia, contra la que cabe recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, fue quien de "pararlle os pés a unha patronal que pretende desfacerse daquelas persoas que o único que fan é reclamar unhas condicións de traballo dignas, con reivindicacións tan lexítimas como a defensa da saúde laboral".