El PP tomiñés denuncia que la tasa de limpieza y recogida de basura se ha triplicado desde 2017 bajo el gobierno del BNG

El Partido Popular de Tomiño ha criticado duramente al gobierno municipal del BNG por mantener una de las tasas de limpieza y recogida de basura más altas de la provincia de Pontevedra, actualmente fijada en 120 euros anuales por vivienda, lo que supone un incremento del 200% en los últimos ocho años.

La portavoz municipal del PP, Mónica Otero, señaló que este aumento desproporcionado “no guarda relación con la subida de los salarios ni con la inflación acumulada del periodo, que apenas alcanza el 22%”. Según Otero, “los tomiñeses están soportando un sablazo fiscal del BNG que no se corresponde con su realidad económica”.

El PP recuerda que la tasa era de 40 euros anuales hace ocho años, se duplicó a 80 euros en 2017 y volvió a incrementarse en 2024 hasta los 120 euros, cifra que se aplica desde el presente ejercicio.

Además, los populares alertan de que esta situación podría empeorar próximamente, ya que el gobierno local de Sandra González está impulsando un nuevo modelo de gestión de residuos. “Tememos que esto conlleve nuevas subidas, especialmente al invertir 1,2 millones de euros aprovechando el cofinanciamiento del Plan Extra de la Diputación”, explicó Otero.

El grupo municipal comparó la tasa de Tomiño con la de otros concellos del Baixo Miño, subrayando que Oia cobra 42 euros, O Rosal 61 euros y A Guarda 62 euros. “Los datos hablan por sí solos: se puede ofrecer un servicio de calidad por mucho menos de lo que pagan los tomiñeses”, afirmó la portavoz.

Asimismo, el PP acusa al ejecutivo del BNG de falta de transparencia, al no publicar en la web municipal la nueva ordenanza con las tarifas actualizadas. “Parece que les da pudor que la ciudadanía conozca lo que realmente se cobra por este servicio”, apuntó Otero.

Por último, los populares avanzaron que solicitarán información sobre el nuevo modelo de gestión, el futuro del contrato con Sogama, y reivindicarán una revisión de la tasa para ajustarla a la realidad social y económica del municipio.