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Los trabajadores de Lugove convocan tres jornadas de huelga en agosto por los incumplimientos de la empresa

Los trabajadores denuncian incumplimientos laborales, deficiencias organizativas y problemas que, aseguran, afectan tanto a la calidad como a la seguridad del transporte público y escolar en el Baixo Miño y el sur de Vigo.

Los trabajadores denuncian incumplimientos laborales, deficiencias organizativas y problemas que, aseguran, afectan tanto a la calidad como a la seguridad del transporte público y escolar en el Baixo Miño y el sur de Vigo.

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Fecha: 05 de Agosto de 2026

Fuente: Redacción

La plantilla de Lugove (Subus-Vectalia) ha convocado tres jornadas de huelga para los próximos 7, 14 y 28 de agosto como respuesta a los reiterados incumplimientos que atribuyen a la empresa y a la falta de actuación de las administraciones ante la situación del servicio de transporte público que presta en la comarca del Baixo Miño y el sur del área de Vigo.

La convocatoria, impulsada por la representación de la CIG en el Grupo Subus, irá acompañada de varias movilizaciones. La primera tendrá lugar el viernes 7 de agosto, a las 10.00 horas, frente a las instalaciones de la empresa en el polígono de A Granxa, en O Porriño. Las protestas continuarán los días 14 y 28 de agosto en la estación de autobuses de Vigo.

 

Denuncian incumplimientos laborales y problemas en el servicio

 

Desde la representación sindical aseguran que llevan años denunciando incumplimientos laborales, deficiencias organizativas y diversas incidencias que, afirman, repercuten tanto en las condiciones de trabajo de la plantilla como en la seguridad del servicio que reciben los usuarios.

Según explican, parte de estas irregularidades ya han sido objeto de actuaciones y sanciones por parte de la Inspección de Trabajo, aunque consideran que la empresa no ha corregido las prácticas denunciadas.

La CIG sostiene además que la respuesta de Lugove al aumento de las reclamaciones ha consistido en la apertura de expedientes disciplinarios, sanciones e incluso el despido de un trabajador, una decisión que califican como una represalia por reclamar sus derechos laborales.

Para el sindicato, este despido resulta "absolutamente injustificado, desproporcionado" y supone, según denuncian, un ataque a la libertad sindical y al ejercicio de los derechos de los trabajadores.

 

Críticas a la empresa y a la actuación de las administraciones

 

Los representantes de la plantilla también muestran su preocupación por la lentitud de los procedimientos administrativos y judiciales relacionados con las denuncias presentadas durante los últimos años, una situación que, aseguran, favorece que las irregularidades continúen produciéndose.

La CIG recuerda que hace meses remitió un comunicado a la Xunta de Galicia, a los ayuntamientos afectados, centros educativos, ANPA y otras entidades para alertar del deterioro del servicio, especialmente del transporte escolar.

Sin embargo, lamentan que únicamente las plataformas vecinales y las asociaciones de madres y padres se interesaran por la situación. A su juicio, la falta de respuesta del resto de administraciones transmite la sensación de que las condiciones en las que se presta este servicio público "no constituyen una prioridad".

 

La renovación de la concesión, en el punto de mira

 

La organización sindical sostiene que la huelga llega después de años intentando resolver el conflicto mediante el diálogo, la negociación y las vías administrativas, asegurando que la falta de avances les ha llevado a convocar las movilizaciones.

Asimismo, consideran que la empresa todavía está a tiempo de evitar los paros si asume compromisos concretos para corregir los incumplimientos denunciados y garantizar unas condiciones laborales y de prestación del servicio ajustadas a la normativa.

Por último, la representación de la CIG insta tanto a Lugove como a la Xunta de Galicia y al resto de administraciones competentes a actuar con responsabilidad, especialmente ante la próxima renovación de la concesión del servicio. El sindicato reclama que se evalúe con rigor el cumplimiento de las obligaciones por parte de la empresa y defiende que la ciudadanía merece un transporte público "seguro, de calidad y con todas las garantías".

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