El BNG acusa a la Xunta de permitir la precarización del transporte público en el Baixo Miño

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) ha acusado a la Xunta de Galicia de permitir que la empresa concesionaria del transporte público por carretera en el Baixo Miño y Val Miñor deteriore tanto la calidad del servicio como las condiciones laborales de su plantilla. La denuncia fue realizada por el portavoz de Transportes del BNG en el Parlamento gallego, Paulo Ríos, durante el debate de una proposición no de ley que finalmente fue rechazada por la mayoría del Partido Popular.

La iniciativa reclamaba que el Gobierno gallego adoptase las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento estricto de los contratos de transporte público y velar por el respeto de los derechos laborales de los trabajadores, además de ofrecer información sobre las causas que motivaron la resolución de diferentes concesiones.

Jornadas de hasta doce horas

Durante su intervención en la Comisión 2ª del Parlamento, Paulo Ríos denunció que los conductores de la empresa concesionaria Subus están soportando jornadas laborales de "diez o doce horas", con largos periodos de espera entre servicios que, según explicó, no se consideran tiempo efectivo de trabajo.

El diputado nacionalista aseguró que los trabajadores permanecen durante horas en localidades como A Guarda o Gondomar, "comiendo un bocadillo o sentados en un banco", sin que ese tiempo sea remunerado.

Según el BNG, son precisamente los empleados quienes están sosteniendo el funcionamiento del servicio pese a las deficiencias derivadas de una concesión adjudicada, afirman, mediante una "baja temeraria" aceptada por la Xunta.

Críticas al modelo de transporte de la Xunta

Paulo Ríos enmarcó esta situación dentro de las consecuencias del actual Plan de Transporte Público impulsado por la Xunta, al considerar que perjudica tanto a los usuarios como a los trabajadores y a las pequeñas y medianas empresas del sector.

El parlamentario criticó que el Ejecutivo autonómico no haya corregido las deficiencias detectadas en los contratos y denunció que algunas rescisiones se presenten como acuerdos "de mutuo acuerdo" cuando, a su juicio, responden a errores de planificación y gestión.

Asimismo, recordó que la Xunta dispone de competencias tanto en materia de transporte como de autoridad laboral, por lo que considera que debe intervenir para garantizar unas condiciones laborales dignas y un servicio de calidad.

Propuesta rechazada

La proposición no de ley presentada por el BNG solicitaba que la Xunta hiciese cumplir de forma rigurosa los contratos del transporte público y supervisase las condiciones laborales de las empresas concesionarias, además de ofrecer mayor transparencia sobre la gestión de las concesiones.

Sin embargo, la iniciativa fue rechazada con los votos del Partido Popular.

Para el BNG, el Gobierno gallego debe abandonar, aseguran, una política que favorece a las grandes empresas del sector y priorizar la calidad del servicio que reciben los usuarios, así como la protección de los derechos de los trabajadores.