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Bruselas tumba la prórroga de la AP-9 y abre la puerta al fin de las peajes abusivos en Galicia

La Comisión Europea da un plazo de dos meses al Gobierno de España para corregir la prórroga de la AP-9, declarada ilegal por su falta de transparencia y ausencia de licitación.

La Comisión Europea da un plazo de dos meses al Gobierno de España para corregir la prórroga de la AP-9, declarada ilegal por su falta de transparencia y ausencia de licitación.

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Fecha: 18 de Julio de 2025

Fuente: Eurodeputado Nicolás G. Casares

El eurodiputado gallego del PSdeG, Nicolás González Casares, ha calificado como “histórica” la decisión de la Comisión Europea que considera ilegal la prórroga de la concesión de la AP-9 aprobada por el Gobierno del Partido Popular en el año 2000.

Bruselas ha emitido un dictamen que señala que la ampliación de la concesión por 29 años, seguida de la venta de la concesionaria sin concurso público ni publicidad europea, supone una modificación sustancial del contrato original. Esta acción, según la normativa comunitaria, debía haber pasado por un nuevo proceso de licitación pública.

La Comisión ha otorgado un plazo de dos meses al Gobierno de España para corregir esta irregularidad. En caso contrario, el asunto será remitido al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Casares denunció que no se trata de un simple trámite administrativo, sino de una “estafa democrática” que ha obligado a los gallegos y gallegas a pagar peajes abusivos hasta 2048, sin posibilidad de competencia ni transparencia. El eurodiputado recordó que fue el Gobierno de Pedro Sánchez quien logró las únicas reducciones significativas de estas tarifas.

Bruselas confirma que Galicia lleva décadas pagando un precio político y económico por decisiones contrarias al derecho europeo”, aseguró Casares, quien considera que este pronunciamiento “abre la puerta a una oportunidad histórica para poner fin a la condena que el PP impuso a Galicia”.

El socialista reafirmó su compromiso de seguir defendiendo los intereses de Galicia desde el Parlamento Europeo, con el objetivo de recuperar “unas condiciones justas de movilidad, sin peajes abusivos ni privilegios a concesionarias beneficiadas por decisiones políticas opacas”.

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