La Xunta insta al Gobierno central a revisar los acuerdos con Audasa sobre la AP-9

La Xunta insta al Gobierno central a revisar los acuerdos con Audasa para evitar que la AP-9 sea en 2021 la única autopista de España en la que suban los peajes y frenar el agravio que sufre Galicia.

La conselleira de Infraestructuras y Movilidad, Ethel Vázquez, con el director de la Agencia Gallega de Infraestructuras, Francisco Menéndez, informó sobre las aportaciones de la Xunta al anteproyecto de Ley de movilidad sostenible y financiación del transporte que está impulsando el Gobierno de España.

En lo que se refiere a las infraestructuras, Vázquez Mourelle urgió al Ejecutivo central a evitar nuevas subidas de peajes de la AP-9, mientras otras autopistas estatales ven sus peajes liberados o rebajados.

Añadió que sería el paso previo a la transferencia a Galicia de la AP-9 para conseguir una gestión más directa, tal como viene demandando la Xunta desde hace años.

Apuntó la necesidad de analizar las supuestas bonificaciones que, según se avanzó, podrían incluir los Presupuestos Generales del Estado, y que, en todo caso, correrían a cargo de los ciudadanos, mientras Audasa ve intactos o incluso aumentados sus beneficios.

Indicó que la Ley debe abordar situaciones como las que se dan en Galicia con los peajes de la AP-9, donde por ejemplo, en el tramo Ferrol-Tui, un coche debe abonar 22,2 euros y un camión grande, 47,65 euros.

Reiteró que se tengan en cuenta las consideraciones del Consello Consultivo, que dictamina que esos incrementos en las tarifas son nulos de pleno derecho e indica que se otorgó un beneficio fiscal encubierto a favor de la concesionaria.

Precisó que en el 2025 las tarifas aumentarían un 12,6 % solo por subidas extraordinarias desde finales de 2018. Así, los ciudadanos pagarán en peajes 1.400 millones de euros por unas obras que costaron 230 millones.

Transporte público

En relación al eje del transporte, la conselleira subrayó que la Ley debe abordar la financiación del transporte interurbano, no solo del urbano, así como la necesidad de apoyo público extraordinario en los ámbitos rurales, dispersos y poco poblados.

Destacó que la red de transporte público interurbano, especialmente en el rural, tiene una baja demanda y una rentabilidad inferior a la media nacional, lo que obliga a la Xunta a realizar un alto volumen de inversiones para atender las necesidades de la población.

También requirió mayor transparencia en cuanto a las obligaciones de servicio público: a los ingresos públicos destinados a las operadoras de transporte para asegurar que se preste un determinado número de servicios que no sean rentables con la venta de billetes o para bonificaciones.

Llamó a clarificar la cuantía y las condiciones de esas obligaciones, lo que ayudaría a conocer lo que está pasando con los servicios ferroviarios en Galicia, que están sustentados con obligaciones de servicio público pero no se prestan en gran parte desde hace meses.

Puso en valor el esfuerzo de la Xunta por responder a las necesidades de los ciudadanos, para lo cual adjudicará próximamente su propia Estrategia gallega de Movilidad, que definirá una red coordinada de infraestructuras y servicios de movilidad sostenible, moderna y eficiente.

Resaltó la necesidad de impulsar un nuevo modelo de movilidad, adaptado al contexto derivado de la covid-19, al desarrollo de las nuevas tecnologías, a la Estrategia Gallega del Cambio Climático y a la Estrategia de Crecimiento Verde de la UE.

En esa línea viene trabajando el Gobierno gallego, con iniciativas como el Plan de Transporte Público, una reordenación de todas las líneas de autobús de Galicia en el que se invertirán más de 73 M€ al año para mantener los servicios.

La conselleira también se refirió al Plan social de transporte metropolitano que bonifica cada año casi 10 M€ de billetes de autobús y hace posible que los jóvenes menores de 21 años viajen gratis.