La Xunta comienza a tramitar con el Gobierno central la transferencia de la gestión del dominio público marítimo-terrestre para tener una competencia integral sobre el litoral gallego

La conselleira de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda, Ángeles Vázquez, avanzó esta mañana que la Xunta de Galicia iniciará la tramitación ante el Gobierno central para conseguir la transferencia de la gestión del dominio público marítimo- terrestre para tener la competencia integral sobre el litoral gallego.

La conselleira de Medio Ambiente, acompañada por la directora general de Ordenación del Territorio y Urbanismo, Encarnación Rivas, mantuvo una reunión con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, y con la directora general de la Costa y el Mar, Ana Oñoro, para abordar varias cuestiones relativas a la ordenación del litoral de interés para Galicia. En la misma agradeció la buena disposición del Ministerio para la Transición Ecológica por estudiar esta petición de la Comunidad, una demanda que –tal y como le indicó la conselleira- cuenta con el apoyo de los tres grupo representados en la Cámara gallega.

Vázquez Mejuto indicó que el departamento que dirige empezará con los trabajos administrativos para que sea una realidad lo antes posible: “Estamos convencidos de que ostentar esta competencia es el mejor para Galicia”.

Así, recordó que desde el año 2011 Galicia cuenta con un Plan de Ordenación del Litoral que acredita un conocimiento de sus kilómetros de costa, así como de los tiempos necesarios. Por otro lado, defendió que atender esta demanda es conceder a la Comunidad una competencia que hoy ya tienen Cataluña y Andalucía y que también están tramitando los gobiernos insulares de Baleares y Canarias.

En ese sentido, trasladó nuevamente el interés prioritario de la Xunta de Galicia para reactivar el proceso de transferencia de competencias a la Comunidad autónoma, a través de mecanismos bilaterales de cooperación, como un Real Decreto de las funciones y medios en materia de ordenación y gestión del litoral.

Al mismo tiempo, explicó que con esta petición se pondría fin al traspaso de competencias a Galicia en materia de ordenación del litoral que se inició en 1985 y aclaró que se trata de transferir las funciones y los servicios en materia de ordenación de la costa, es decir, su gestión -que no la propiedad de los terrenos-.

Catálogo de bienes en servidumbre

La conselleira también recordó al secretario Morán que la Xunta elaboró un Catálogo de bienes en servidumbre de protección del DPMT, en el que se identificaron inmuebles a tumba abierta ambiental, patrimonial o arquitectónico y diversa tipología constructiva.

Explicó que si se hace extensible a estos inmuebles a regulación que se contempla para los Bienes de interés cultural (BIC) esto facilitará un cambio de usos; por lo que es necesario modificar la normativa de Costas para posibilitar esta ampliación de los usos en las construcciones tradicionales del litoral, con el fin de implantar actividades económicas y recuperar el patrimonio construido.

A modo de ejemplo, explicó que se el Estado atiende a la demanda de la Xunta esto facilitaría que una conservera, que en la actualidad no tiene actividad, podría ser un museo. En definitiva, esta solicitud se centra en permitir que a las construcciones con características especiales si les pueda dar otros usos, como el residencial, hotelero, actividades tradicionales o equipaciones; “una revalorización que a día de hoy recibiría un informe negativo por parte de Costas”, indicó.

Otra de las cuestiones por las que se interesó Ángeles Vázquez fue la postura del Gobierno gallego frente a las licencias urbanísticas a los proyectos de rehabilitación de inmuebles en zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre.

En este ámbito, avanzó que la Xunta se personará en todos aquellos procedimientos que inicie el Gobierno central sobre la modificación de uso residencial a hotelero en construcciones en servidumbre de protección anteriores a la Ley de costas, tal y como ocurrió con el recurso presentado por el Ministerio ante el Tribunal Supremo a la licencia urbanística otorgada por el Ayuntamiento de Camariñas para la rehabilitación de una vivienda –que mantiene el volumen existente- para casa de huéspedes.

Vázquez Mejuto recuerda que el Tribunal Supremo hace un reconocimiento expreso de equiparación entre el uso residencial y el hotelero a los efectos de regulación de costas, al existir una identidad sustancial entre ambos conceptos y lo considera una continuación, por lo que debe ser autorizable.

La última cuestiones que se abordó en la reunión fue la relativa a la modificación sectorial de costas para simplificar la tramitación de los instrumentos de planeamiento urbanístico, de manera que sea acorde a la normativa autonómica. Indicó que la propuesta que plantea Galicia es que la emisión de un informe sectorial en materia de Costas sea en un plazo máximo de tres meses y que se establezca el sentido positivo del silencio, en el caso de no emitirse en el plazo correspondiente.